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La Policía autonómica es la que tiene las competencias en Andalucía en materia de juego y, por tanto, la encargada de velar porque no se produzcan actividades ilegales en el sector. Sus trabajos en esa materia se han traducido en la incautación, en el año 2009, de más de 280.0000 boletos ilegales. Destacan 275.000 en Cádiz y, sobre todo, la partida de 220.000 cartones decomisados en una operación en Conil donde el pasado año se desmanteló un bingo ilegal en la mayor operación realizada en diez años. Cuando llegó la policía había 154 personas jugando y en la caja había 1.700 euros, según la Consejería de Gobernación.

En Sevilla se produjo otra operación en noviembre de 2009 en la que se intervinieron 2.456 boletos de una rifa ilegal un bar del barrio de Las Letanías.

Además, en 2009 la Junta inspeccionó 16.223 máquinas recreativas de las que fueron denunciadas 746 y decomisadas 40. También se iniciaron 87 expedientes sancionadores. Entre los años 2008 y 2010 se ha denunciado a 26 personas entre vendedores y distribuidores.

Pero las operaciones contra el juego ilegal siguen este año. El 5 de febrero se intervinieron en una imprenta de Algeciras 240.000 boletos, planchas para imprimir y fotolitos a la Organización de Regional de Discapacidad de Andalucía, a la que se han hecho ya 35 intervenciones más. Se trataba de boletos que se iban a distribuir por Sevilla, Huelva y Málaga. La supuesta ganancia de esta organización ascendía a 240.000 euros al mes.

Este mismo año, en enero se intervinieron otros 7.500 boletos en San Roque. El 20 de febrero se desmanteló en Sevilla un bingo en la calle Carlos Marx donde se recogieron 1.573 cartones. También en febrero se desmanteló un casino en el polígono Alameda en la llamada «operación Casino I», donde había partidas ilegales de póker. En el momento de la actuación había 110 personas jugando y se intervinieron 2.822 fichas y 4.000 euros. Había doce mesas de juego y la modalidad de póker era el «Texas holdem». La misma modalidad de juego que había en Córdoba donde en enero también se realizó una operación similar.

La Fiscalía del Estado ha remitido una circular a todas las fiscalías para reforzar la lucha contra los sorteos ilegales, en la que reclama que se investigue la identidad de las personas que integran los peldaños superiores de la estructura organizativa.

Según la ONCE, el 99% de las sentencias de casos de estos acabaron en condena que, además de una sanción administrativa también lleva multa para el vendedor. La ONCE asegura tener un acuerdo con el Gobierno andaluz para que las personas con discapacidad que ejerzan la actividad ilegal, sean contratadas de forma legal.

Fuente: ABC 3/4/10